Ecosistemas terrestres
El cambio climático agrava las desigualdades existentes y multiplica las causas estructurales de la pobreza: sequías prolongadas, inundaciones, olas de calor o la pérdida de cosechas afectan con mayor intensidad a comunidades empobrecidas, reduciendo su acceso a la alimentación, al agua y a medios de vida dignos. Estos impactos generan además migraciones forzadas y aumentan la vulnerabilidad de grupos ya expuestos a la exclusión social.
Las medidas de mitigación son claves para frenar estas dinámicas. La transición hacia energías renovables, la reducción de emisiones o la protección de ecosistemas no solo reducen riesgos ambientales, sino que también abren oportunidades de empleo digno y sostenible.
A su vez, las medidas de adaptación, como sistemas de alerta temprana, infraestructuras resilientes, acceso universal al agua o soberanía alimentaria, resultan esenciales para que las comunidades más pobres no vean comprometida su supervivencia.
En el ámbito educativo, trabajar la relación entre cambio climático y ODS 1 permite reflexionar sobre las desigualdades globales, la justicia climática y el derecho al desarrollo humano. En primaria y secundaria se pueden desarrollar proyectos de aprendizaje-servicio vinculados a la reducción de la pobreza energética en barrios vulnerables, huertos escolares que promuevan la soberanía alimentaria o campañas de sensibilización sobre consumo responsable. Además, se pueden fomentar competencias ecosociales como el pensamiento crítico, la cooperación y la empatía global.
En definitiva, integrar la perspectiva de cambio climático en el ODS 1 es indispensable para garantizar que la erradicación de la pobreza se logre en un marco de justicia global, equidad y sostenibilidad.
Desde el enfoque de derechos, el cambio climático compromete derechos básicos como la alimentación, la vivienda, la salud o el acceso al agua. Las comunidades más pobres son las que más sufren la pérdida de medios de vida, la inseguridad alimentaria o la pobreza energética. Entender la pobreza no solo como carencia material, sino como privación de derechos, obliga a los Estados y a la comunidad internacional a garantizar condiciones de vida dignas en un clima cambiante.
El enfoque local-global nos recuerda que los impactos del cambio climático en la pobreza se manifiestan de manera muy concreta en cada territorio —sequías en el Sahel, huracanes en Centroamérica, olas de calor en el Mediterráneo—, pero forman parte de un mismo sistema global de causas estructurales (modelo energético, consumo de recursos, deuda climática). Actuar localmente —con medidas de adaptación comunitaria, soberanía alimentaria o resiliencia urbana— tiene sentido solo si se vincula con compromisos globales de reducción de emisiones y de redistribución de recursos.
Finalmente, desde la justicia global, la relación entre pobreza y cambio climático es una cuestión de desigualdades históricas: quienes menos han contribuido a la crisis climática son quienes más sufren sus efectos. Aquí aparece el concepto de “deuda climática” y la necesidad de mecanismos de financiación internacional, fondos de pérdidas y daños y políticas de transición justa. La erradicación de la pobreza, en este sentido, no puede desvincularse de una transformación profunda del sistema económico global hacia la equidad y la sostenibilidad.
