Transición energética
La dependencia mundial de los combustibles fósiles es una de las principales causas del calentamiento global, y sus impactos afectan tanto a los ecosistemas como a los derechos humanos fundamentales: salud, alimentación, vivienda o un ambiente sano. El cambio climático, a su vez, genera mayores dificultades para garantizar el acceso a la energía en comunidades vulnerables, que suelen ser las más afectadas por la pobreza energética y la falta de infraestructuras resilientes.
Las medidas de mitigación frente a esta situación pasan por acelerar la transición hacia energías renovables (solar, eólica, geotérmica, hidráulica) y mejorar la eficiencia energética en todos los sectores. Esto no solo reduce emisiones, sino que democratiza el acceso a recursos energéticos sostenibles.
Por otro lado, las medidas de adaptación requieren asegurar que las comunidades más expuestas cuenten con sistemas energéticos descentralizados, resilientes y asequibles, que les permitan afrontar fenómenos extremos o interrupciones en el suministro.
En el ámbito educativo, trabajar el ODS 7 en relación con el cambio climático permite abordar temáticas como: la justicia energética, la soberanía tecnológica y comunitaria, la innovación en energías limpias y la corresponsabilidad local-global. En las aulas se puede reflexionar sobre cómo los modelos energéticos impactan en la equidad social y ambiental, y promover proyectos prácticos de eficiencia energética o de generación de energía limpia en centros escolares y comunidades. Así, se fomenta una ciudadanía crítica y ecosocial, consciente de la necesidad de una transición energética justa.
Desde el enfoque de derechos, garantizar el acceso universal a una energía limpia y asequible no es solo un objetivo técnico, sino un derecho humano básico. La energía es necesaria para ejercer otros derechos fundamentales: la salud (funcionamiento de hospitales), la educación (escuelas iluminadas y con acceso digital), la alimentación (refrigeración, cocinado) o el trabajo digno. La dependencia de energías contaminantes vulnera estos derechos al generar contaminación, enfermedades respiratorias y contribuir al calentamiento global.
Enfoque feminista y de género. En muchas regiones del Sur Global, las mujeres son quienes dependen en mayor medida de fuentes tradicionales de energía —como la leña o el carbón— para cocinar o calentar el hogar, lo que aumenta su exposición a la contaminación doméstica y limita su tiempo para la educación, el empleo o la participación social.
La transición hacia energías renovables y accesibles puede reducir estas desigualdades, mejorar la salud y ampliar las oportunidades económicas para las mujeres. Incorporar una perspectiva de género en las políticas energéticas implica garantizar su participación en la toma de decisiones, el acceso equitativo a tecnologías limpias y la formación en empleos verdes. Desde el ámbito educativo, este enfoque permite trabajar la justicia climática, la corresponsabilidad en los cuidados y el papel de las mujeres como agentes clave en la transición energética sostenible. Además, la crisis climática afecta de manera desproporcionada a mujeres y niñas, por lo que las soluciones deben integrar igualdad de género y justicia climática como principios fundamentales.
El enfoque local-global permite ver cómo los modelos energéticos afectan de manera distinta según el territorio. Mientras que los países enriquecidos han basado su desarrollo en combustibles fósiles, muchas comunidades del Sur global sufren hoy las consecuencias del cambio climático y al mismo tiempo carecen de acceso a energía moderna. A nivel local, la transición energética debe atender a la pobreza energética y fomentar soluciones descentralizadas (placas solares comunitarias, microredes). A nivel global, implica compromisos de cooperación tecnológica y financiera que equilibren responsabilidades históricas.
Finalmente, desde la justicia global, la transición energética no puede reproducir desigualdades. La llamada deuda climática muestra que quienes más han contaminado tienen la obligación de apoyar a quienes más sufren los impactos y menos recursos tienen para adaptarse. La justicia energética exige democratizar la producción y el consumo, evitar nuevos extractivismos “verdes” (como los abusos en la minería de litio o cobalto) y garantizar que la transición sea justa para las personas trabajadoras y las comunidades.
En conjunto, el ODS 7 se convierte en una pieza clave para articular un futuro energético sostenible que respete los derechos humanos, conecte lo local con lo global y avance hacia la justicia climática.
