Alimentación
El cambio climático afecta de forma directa a la producción, acceso y disponibilidad de alimentos. El aumento de las temperaturas, las sequías prolongadas, las inundaciones y los fenómenos meteorológicos extremos reducen la productividad agrícola, degradan los suelos y afectan a los ecosistemas marinos, poniendo en riesgo la seguridad alimentaria mundial. Las comunidades rurales y los países del Sur global son los más expuestos, pues dependen en gran medida de la agricultura de subsistencia y cuentan con menos recursos para adaptarse.
Frente a estos impactos, las medidas de mitigación incluyen la transición hacia sistemas alimentarios sostenibles: reducción del desperdicio de alimentos, promoción de dietas bajas en emisiones, fomento de la agroecología y protección de la biodiversidad agrícola.
En cuanto a la adaptación, resulta clave diversificar cultivos, mejorar el acceso al agua, invertir en semillas resilientes al clima y fortalecer las redes locales de soberanía alimentaria, vinculadas también al derecho humano a la alimentación y al buen vivir.
Desde el ámbito educativo, el ODS 2 permite trabajar con el alumnado temas como la justicia alimentaria, la relación entre cambio climático y hambre, el papel de los pequeños agricultores, y la necesidad de un consumo responsable. También se pueden diseñar proyectos de aprendizaje-servicio donde el estudiantado participe en huertos escolares o colaboraciones con bancos de alimentos, incorporando el enfoque local-global y la justicia climática.
Así, la educación ecosocial y para la ciudadanía global se convierte en una herramienta fundamental para comprender que la lucha contra el hambre no puede desligarse de la acción climática, ni de la defensa de los derechos humanos y la equidad en el acceso a los recursos.
La crisis climática afecta de manera directa al derecho humano a la alimentación, ya que las sequías, inundaciones, olas de calor y la degradación de los ecosistemas reducen la capacidad de producir alimentos y encarecen su acceso, especialmente para comunidades rurales y pueblos empobrecidos.
Desde el enfoque de derechos, es fundamental reconocer que no se trata solo de un problema técnico, sino de garantizar que todas las personas, sin discriminación, tengan acceso a alimentos suficientes, nutritivos y adecuados. Ello implica obligaciones claras para los Estados y responsabilidades compartidas de la comunidad internacional.
El enfoque local-global permite comprender cómo fenómenos que se originan en un lugar tienen repercusiones a escala mundial. Por ejemplo, el uso intensivo de combustibles fósiles en países industrializados contribuye al calentamiento global, que a su vez genera sequías en África subsahariana o huracanes en Centroamérica, afectando la producción agrícola y la vida de millones de personas. Al mismo tiempo, soluciones locales como la agroecología, los huertos comunitarios o las cooperativas alimentarias no solo fortalecen la resiliencia local, sino que forman parte de una red global de soberanía alimentaria.
Desde la perspectiva de la justicia global, el ODS 2 obliga a cuestionar las desigualdades estructurales que hacen que los países menos responsables de la crisis climática sean los que más sufren sus consecuencias. Aquí se hace visible la “deuda climática”: mientras los países enriquecidos continúan emitiendo masivamente gases de efecto invernadero, millones de personas en el Sur global ven comprometido su derecho a la alimentación y a una vida digna. Por ello, la justicia climática y alimentaria deben abordarse conjuntamente, promoviendo transformaciones en los sistemas de producción y consumo que respeten los límites planetarios y garanticen los derechos de todas las personas.
